En sesión plenaria de fecha 22 de junio, la Asamblea Legislativa aprobó la suspensión de plazos judiciales y administrativos, por el periodo de quince días, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). No obstante, se encuentra pendiente de la sanción o veto del presidente Nayib Bukele.

Por otra parte, la Asamblea Legislativa aprobó reformar el decreto legislativo 608, para integrar nuevos miembros al Comité Fiscalizador de los $2,000 millones, tales como representantes de la Universidad de El Salvador y Universidad Francisco Gavidia, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y Fundación Nacional Para el Desarrollo, (FUNDE) entre otros.

Se ratificó crédito de $20 millones obtenidos del Banco Mundial (BM), que forma parte de los $2,000 millones aprobados anteriormente, destinados exclusivamente para financiar el “Proyecto de Respuesta de El Salvador ante el COVID-19”. Actualmente, se encuentra pendiente de su incorporación al presupuesto, después de la aprobación del presidente.

Nuevos préstamos: Adicionalmente, se aprobaron en primera fase dos préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El primero de ellos, de $50 millones y está dirigido a financiar el programa “Respuesta Inmediata de la Salud para contener y controlar el coronavirus y mitigar su efecto en la prestación del Servicio en El Salvador”. El otro, de $250 millones, está dirigido al “Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal”.

En ese sentido, se encontrarían pendientes de ratificación y su incorporación en el Presupuesto, de acuerdo con el procedimiento de aprobación de préstamos internacionales.

Superan veto al decreto 661: Entre otros temas, en sesión plenaria de fecha 25 de junio, acordaron superar el veto del presidente al decreto que contiene “La Ley Especial de Emergencia por la Pandemia por COVID-19 atención integral de la vida, la salud y reapertura de la Economía” que establece la emergencia nacional durante 15 días, las fases de reapertura económica, así como la obligatoriedad de rendición de cuentas de los fondos públicos, entre otros.

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